El Mobile World Congress de Barcelona contará con ventajas fiscales

En la práctica, esta decisión supone beneficios fiscales del 15 % para las empresas que inviertan en publicidad y bonificaciones del 25 % (para las personas físicas) y del 35 % (para las empresas) que hagan donaciones al consorcio a través del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según un comunicado que ha hecho público hoy CiU.
El portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha negociado con el PSOE esta importante enmienda para Barcelona en la ley de Instituciones de Inversión Colectiva aprobada esta mañana en la Comisión de Economía.
Según la enmienda negociada por CiU y PSOE, «la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 contemplará la declaración, como acontecimiento de excepcional interés público, de la celebración del Mobile World Capital en Barcelona».
Sánchez Llibre ha explicado que, «en el período 2012-2018, Barcelona no sólo acogerá la celebración del Mobile World Congress, como hasta ahora, sino que se convertirá en centro tecnológico y cultural permanente destinado a impulsar el tejido industrial existente, crear nuevas oportunidades de negocio y dar visibilidad al potencial de la comunicación móvil para la ciudad».
De 2012 a 2018, todas las empresas que participen en este acontecimiento internacional podrán desgravar hasta un 15 % de los costes ocasionados por la publicidad de participar en el Mobile World Congress en Barcelona y bonificaciones fiscales para las personas físicas del 25 % y del 35 % de las empresas que hagan donaciones al consorcio que se creará para el evento.
Las previsiones son que los ingresos anuales asciendan a 270 millones de euros, que el volumen de negocio para Barcelona de estos años llegue a los 1.850 millones y que se creen 6.000 puestos de trabajo temporales cada año durante los tres meses que dura el Mobile World Congress, además de ser uno de los principales motores del turismo de negocios en la capital catalana.
Paralelamente, Sánchez Llibre ha relatado en la comisión que «se ha admitido otra enmienda de CiU que establece que los proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que sean suspendidos por orden judicial, se podrá interrumpir el plazo de ejecución hasta que se levante la medida cautelar».